Veinticinco
personas han sido detenidas
La Policía Nacional
desarticula un grupo que vendía contratos
de trabajo en empresas ficticias a inmigrantes
Los inmigrantes pagaban hasta 2.000
euros por un contrato que les diera la posibilidad
de regularizar su situación en España.
Los
miembros de este grupo habían constituido
dos empresas ficticias que, sin ejercer actividad
alguna, formalizaban contratos y gestionaban
el alta en la Seguridad Social a inmigrantes
a cambio de cantidades de dinero que oscilaban
entre los 600 y 2.000 euros. Hasta el momento
han sido detenidas tres personas, entre ellas
dos abogados que realizaban los trámites
en las Oficinas de Extranjería, acusadas
de delitos contra la Seguridad Social, contra
los derechos de los ciudadanos extranjeros,
falsificación y estafa. Además,
otros 22 sujetos de origen nigeriano han sido
detenidos en Madrid y Toledo por falsificación
documental.
La
operación policial, realizada por la
Brigada de Delincuencia Económica y
Fiscal, adscrita a la Comisaría General
de Policía Judicial, a requerimiento
de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid,
ha destapado una deuda a las arcas públicas
de 668.827 euros en un periodo de dos años.
Unos falsos contratos y periodos de carencia
que permitirían a los trabajadores
acceder a prestaciones por desempleo o maternidad.
Muchos de estos extranjeros, tras el alta,
habían realizado abonos periódicos
de unos 300 euros mensuales a las falsas empresas
en concepto de Seguros Sociales, cantidades
que los estafadores se apropiaban.
Los
cabecillas de este grupo, también de
origen nigeriano, convencían a ciudadanas
españolas para constituir empresas
a su nombre con esta finalidad. Además,
uno de los investigados era el encargado de
contactar con las víctimas, proporcionarles
la documentación que debían
firmar y presentar en las Oficinas de Extranjeros
y quien cobrara las cantidades anteriormente
mencionadas.
La venta de contratos de trabajo -requisito
indispensable para regularizar extranjeros-
es una práctica extendida, y los montos
pueden ser muy superiores a los 2 mil euros.
"¿2.000 ?? sólo?",
comenta una lectora que firma como Ana, en
el foro de un periódico que refleja
la información policial. La misma lectora
añade: "eso es lo que nos cobro
un 'amigo' por un contrato para el hermano
de mi novio, contrato que nunca prospero.
Estamos mirando por otros lados y nos cobran
de 4.000 a 6.000 euros, y encima son contratos
'falsos'. Permiten que venga la persona (si
hay suerte en el ministerio) pero no le dan
trabajo una vez que llega aquí. Para
nosotros ahora mismo es imposible optar a
un contrato de estos. Y contratos legales
es muy dificil conseguir, tienes que tener
muchos enchufes. Si alguien sabe de alguno
que nos avise", termina pidiendo.
iberoamerica.es
