13 de noviembre de 2007

Vendían falsas ofertas de trabajo
Grupo liderado por abogado supuestamente estafó a más de 500 extranjeros en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los responsables de un grupo que presentaba falsas ofertas de empleo de empresas previamente constituidas para regularizar la situación de trabajadores ilegales extranjeros. Las víctimas de este entramado son de diferentes nacionalidades: ecuatorianos, colombianos, peruanos, senegaleses, rusos, y su número sobrepasa las quinientas personas, habiéndose detectado de manera efectiva cuatrocientas doce solicitudes presentadas en Madrid-

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de julio a raíz de varias denuncias formuladas, en la UCRIF Central y en la Comisaría madrileña del distrito de San Blas, por extranjeros que habían sido estafados, al menos por siete empresas, que tramitaban ofertas de empleo ficticias. Las ofertas se realizaban bajo la falsa promesa de obtener un trabajo remunerado, así como la obtención del permiso de residencia y trabajo.

El cabeza visible de estas sociedades era un abogado madrileño (no colegiado en la actualidad) F.P. M. B., que figuraba en la mayoría de las compañías como administrador único o solidario junto a terceros. Las actividades delictivas se remontan a 2003, año en el que creó la primera de estas empresas fantasma con la ayuda de distintos colaboradores.

Un bufete de abogados, que simultaneaba distintas actividades, conectaba con inmigrantes de diferentes países a los que ofertaba la posibilidad de obtener un empleo. Por la realización de estos trámites solicitaban cantidades de dinero, que oscilaban entre los trescientos y los tres mil euros, y que incluía la obtención del permiso de residencia temporal y un trabajo por cuenta ajena. Los responsables del grupo aseguraban disponer de contactos sólidos con diversas empresas (que en realidad figuraban inscritas a nombre del letrado), así como con los encargados de las propias oficinas de extranjeros donde debían presentar las solicitudes.

Una vez realizados los pagos, en el 95 % de los casos no se obtenían ni los trabajos prometidos ni las autorizaciones de residencia al ser rechazadas (denegadas, inadmitidas o archivadas) en la Subdelegación de Gobierno al no cumplir los requisitos legalmente establecidos, circunstancia que era conocida de antemano por los presuntos autores de la defraudación. En algún caso, y una vez que el permiso de residencia del trabajador era denegado, y acudía a informarse al despacho del abogado, le ofrecían la posibilidad de presentar de nuevo su solicitud, en base a una oferta de empleo de otra de las empresas del entramado creado. Si aceptaba la propuesta, debía de abonar nuevamente una cantidad similar.

A medida que las empresas levantaban las sospechas de los funcionarios encargados de cumplimentar los trámites, debido a las continuas irregularidades detectadas en las ofertas presentadas, F.P.M.B. constituía otras nuevas, solo o en connivencia con otras personas, a fin de que no pudieran relacionarle con estas actividades.

Los detenidos son F.P.M.B., de 55 años, nacido en Madrid y su mujer, la ciudadana bielorrusa I.Y., administradora única de la última sociedad constituida por el grupo, y J.C.P.C., de 43 años, natural de Quito (Ecuador). El domicilio social de la compañía era utilizado de manera simultánea como oficina de una empresa dedicada a la construcción, y como lugar de captación de ciudadanos extranjeros para la regularización de su situación mediante la venta de ofertas de empleo y la solicitud en base a las mismas de permisos de trabajo y residencia.